La Ley aprobada ayer por el Parlamento andaluz se parece bastante al proyecto que presentó el pasao año el diputado David Moscoso, responsable de materia deportiva de Podemos Andalucía, pero no es la misma. Durante la tramitación, en el texto se han incluido más de ciento sesenta enmiendas procedentes de distintos grupos afectados por la norma, como las federaciones de montañismo de Andalucía y de España, organizaciones agrarias, asociaciones de cazadores y colectivos ecologistas para garantizar la compatibilidad del uso deportivo de los senderos con otras actividades económicas y recreativas.
La ley reconoce el valor de los senderos como espacios e instalaciones naturales de utilidad pública para la práctica del deporte, la actividad turística y la promoción del patrimonio natural, que son compatibles con los usos tradicionales, como la agricultura, la ganadería y la caza. Además, pone el acento en su contribución a la dinamización social y la diversificación de la actividad económica en el medio rural, y en definitiva es una contribución determinante al desarrollo rural.
La ley distingue entre los usos principales de los senderos los de tipo medioambiental, deportivo y turístico y establece el procedimiento de homologación de los senderos, las marcas de señalización de uso, la tipología de senderos y la creación de un Registro de Senderos de Uso Público.
Esta ley viene a suplir la falta de regulación sobre esta materia en una región que cuenta con alrededor de 10.000 kilómetros de senderos. Asturias, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco ya lo regulan mediante decreto.
Según David Moscoso, la norma «puede generar un importante impacto económico y empleo en la comunidad autónoma y fomentar el desarrollo de los pueblos».
