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Rescates en montaña: ¿hace falta planificar la seguridad y el rescate?

El mapa de rescates en España resulta cada vez un puzle más caótico y hasta absurdo. Cada autonomía va por su lado con sus tasas, unas, quitando helicópteros otras, mientras los especialistas reclaman un Observatorio de Accidentes o una Comisión Técnica de Seguridad en Montaña de ámbito estatal. Leer noticia

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Un grupo de rescate en una canal de la sierra del Cadí.  (Bomberos de la Generalitat)
Un grupo de rescate en una canal de la sierra del Cadí.

Mirar el mapa de rescates en España resulta cada vez un puzle más caótico y hasta absurdo con las diferentes comunidades con sus diferentes normativas sobre el cobro de rescate atemorizando al montañero con el cobro por practicar un deporte de riesgo o por cometer alguna imprudencia para terminar reconociendo que no es mucho dinero el que van a ahorrar. Con sus diferentes grupos realizándolos y a veces solapándose y generando problemas, con helicópteros cuyos contratos se cancelan por la crisis, con escaladores esperando más de lo que esperaban no porque haya un accidente más grave que haya que atender, algo que podría ser comprensible teniendo en cuenta que los recursos son limitados, sino porque después de recortar no se han reorganizado los medios disponibles y se permite que una escaladora accidentada pase cuatro horas agarrada a una carrasca, y, también, haciendo muy poco o nada para que los diferentes grupos compartan conocimiento y contribuyan con su experiencia a mejorar la organización del sistema.

Canarias ya no es la última autonomía que ha anunciado que estudia cobrar una tasa por los rescates motivados por negligencias, ya que Navarra lo advirtió a principios de mayo. Aunque, según nuestras informaciones, Navarra se resarce del gasto a través del consorcio de seguros, Interior está estudiando lo que hacen otras comunidades. En principio no va en la dirección de la tasa vasca a «deportes de riesgo» para cobrar por todos los rescates sino sólo las negligencias manifiestas. «A finales de febrero había alerta máxima en el Pirineo por riesgo de aludes y, aun así, hubo montañeros que salieron ese día y hubo que efectuar algún rescate. Son esas situaciones en las que se debería valorar si se les tendría que cobrar el servicio».

Actualmente, tienen tasa «antinegligencia» en vigor Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña pero sólo la ha hecho efectiva dos veces en los siete años que lleva en vigor. El País Vasco tiene una tasa de rescate para los llamados «deportes de riesgo» que había aplicado dos veces hasta el mes de abril, cuando recogimos los datos para el artículo Los rescates en España publicado en Desnivel 311 de este mes de mayo. En Madrid se cobra sólo a los federados y asegurados la asistencia sanitaria, pero no la evacuación, según su ley de precios públicos.

Si en los tiempos de bonanza llegó a ser un problema que en algunos lugares acudieran dos helicópteros al rescate, ahora, en tiempos de crisis, el temor es que llegue siquiera uno cuando sea necesario. De las decisiones que se tomen en estos tiempos críticos dependerá que el caos y las tensiones aumenten o disminuyan.

Los técnicos tienen claro que un Observatorio de Accidentes o un Comité Técnico de Seguridad en Montaña, por llamarlos de alguna manera, formado por especialistas de todo el Estado podría ofrecer soluciones prácticas tanto en la prevención de accidentes como en el rescate. También algunos políticos, como recogimos en el artículo sobre los rescates en España aparecido en el número de mayo de Desnivel.

Observatorio de Accidentes o algo más (Desnivel 311)

Desde los últimos foros de especialistas en rescates se ha hecho una llamada de atención a la prevención. Y para poder llevarla a cabo de una manera racional hace falta, según reclamó repetidamente Alberto Ayora, de la EMMOE y autor de Gestión del riesgo en montaña y actividades al aire libre, crear un Observatorio de Accidentes en Montaña que sirva de punto de enlace. Como punto de partida, los especialistas y técnicos, desde los GREIM y desde los Bomberos, están de acuerdo en que la inversión en prevención es fundamental y que debería haber, al menos, ese observatorio nacional que agrupara las estadísticas de todos los grupos de rescate para estudiar las campañas de prevención y a dónde hay que dirigirlas. Como propuesta, “el organismo para alojarlo sería la Dirección General de Protección Civil ya que es quien coordinaría los 112 en el caso de una emergencia nacional o supraautonómica, por lo tanto de igual manera podría recabar datos periódicamente con una ficha de accidente que estuviera homologada”.

Sebastiá Massagué, jefe de operaciones de los GRAE catalanes, está de acuerdo en que el eje sea Protección Civil pero va más allá de requerir un órgano de estudio teórico para pedir algo semejante al Comité de Lucha contra Incendios Forestales. “Al ser diferentes los cuerpos existen diferentes matices así que habría que crear una mesa de trabajo para determinar qué tipo de trabajo haría, pero el objetivo no debería ser sólo estadístico sino también para poner en común nuevas técnicas, materiales, experiencias…”

Los políticos consultados también están a favor aunque con matices. Para Raúl Fernández de Arroiabe, viceconsejero de Interior vasco, “es algo que tienen que establecer las federaciones agrupadas en torno a la federación española. Nuestra preocupación son las actividades deportivas en Euskadi. No me parece mal que haya un observatorio pero no es un tema que hayamos valorado”.

Para Javier Artajo, director general de Interior de Aragón, “la federación de montaña tiene que estar representada, pero no es la responsable de la iniciativa”. Aboga por “la creación de un observatorio que ponga en común cuestiones como datos, procedimientos de trabajo y que cuente con un apartado práctico importante. Que hagamos en Aragón actuaciones preventivas tiene poco sentido ya que la mayor parte de los rescates los provoca gente de fuera”.

 


 

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