Rescate en la Visera Riglos HuescaHoy finaliza el I Congreso de Seguridad de Montaña que se inauguró el pasado miércoles y en el que han participado más de 400 personas. Expertos en Protección Civil, rescates, turismo y deportes de toda España han viajado hasta la ciudad del Ebro para analizar los recursos y elementos que favorecen la seguridad en la montaña, tanto en los deportes de riesgo como la práctica del excursionismo más básico.
El objetivo fundamental era analizar cómo reducir los accidentes que se producen en las montañas españolas, y cómo utilizar los recursos de los que disponen las comunidades autónomas. Uno de los temas estrellas ha sido, como era de esperar, el cobro de rescates, un asunto que periódicamente aparece en los medios de comunicación.
Algunas comunidades, como Cataluña y Cantabria, han redactado leyes para que estos cobros comiencen a ejercerse. Aún así, no tenemos noticias de que ningún rescatado haya tenido que pagar por la intervención todavía. En ambas comunidades, la ley determina que el cobro se llevará a cabo si el rescatado ha actuado con negligencia, haciendo caso omiso de las señales de peligro o solicitando el rescate sin motivo. “Existe en la seguridad en montaña una responsabilidad compartida por todos, de las instituciones, de las empresas de deportes de aventura, de las fuerzas de seguridad dedicadas a los rescate y también de los usuarios”. Así de contundente ha sido el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno aragonés, Rogelio Silva, encargado de inaugurar el Congreso.
Según Rogelio Silva cobrar los rescates sería un error que podría perjudicar a las posibles víctimas potenciales de accidentes. Y añadió que actualmente existen otras formas para concienciar a los ciudadanos, como informar del coste de los rescates, que ya se ha hecho en varias ocasiones.
En lo que va de año, sólo en el Pirineo Aragonés han muerto 30 personas en accidentes de alta montaña. En el Pirineo Central se registra el 40% de los rescates de montaña que se llevan a cabo anualmente en España. Concienciar a los ciudadanos y favorecer la coordinación entre todas las administraciones implicadas es vital para que este número disminuya. Lo que no está tan claro es cómo y quién determina lo que es una acción negligente y si cobrando los rescates disminuirán los accidentes.
